El Gobierno ha oficializado la transferencia de S/304 millones 505.384 al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para la organización y ejecución de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, a menos de tres meses del inicio del evento y tras recibir cuestionamientos públicos por la aparente falta de avances tangibles en los trabajos preparatorios.

Esta inyección de recursos, aprobada por el Decreto Supremo Nº 171-2025-EF y refrendada por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Economía y Finanzas Raúl Pérez Reyes Espejo y el ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime, busca cubrir los requerimientos básicos para el desarrollo de la competencia regional tras semanas de presión por parte de federaciones, atletas y especialistas del sector.

La asignación de recursos busca no solo cubrir los gastos propios del evento deportivo, sino también generar impacto en la reactivación económica y la generación de empleo a través de la demanda de bienes y servicios en los sectores vinculados con la organización de competencias de escala internacional. Los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

La distribución presupuestal prevé S/204 millones 441.337 para bienes y servicios, partida destinada a la contratación de empresas proveedoras de logística, alimentación, transporte, seguridad y tecnología. A este monto se suman S/14 millones 835.600 para donaciones y transferencias y S/85 millones 228.447 en adquisición de activos no financieros, principalmente infraestructura deportiva, equipamiento y adecuaciones de escenarios.

Según información de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), los juegos movilizarán a más de 4,000 atletas de 11 países y demandarán la habilitación y operación de más de 50 escenarios deportivos en Lima y Ayacucho. Entre los recintos a ser mejorados o utilizados figuran la Videna, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, además de centros en el interior como el Cerro Campayanoc y el Centro de Convenciones y Exposiciones Canaan Alto. La magnitud de las obras y los servicios asociados representa una oportunidad significativa para el sector construcción y los rubros de turismo, hospedaje, alimentos y transporte local.

La expectativa del Ejecutivo al canalizar estos recursos radica en el efecto multiplicador que un evento de esta naturaleza puede tener en la economía local. Alrededor de los juegos, se prevé un aumento en la demanda hotelera, de restaurantes y operadores turísticos, lo que dinamizará la economía tanto en la capital como en la región Ayacucho. Adicionalmente, la infraestructura generada por la inversión estatal quedará a disposición del deporte nacional una vez finalizado el certamen, lo que contribuye a la valorización de activos públicos y puede mejorar la práctica deportiva a futuro.

El IPD tendrá la responsabilidad legal de ejecutar el presupuesto de manera eficiente y transparente, dentro de los plazos y procedimientos definidos. El titular del pliego debe aprobar en cinco días la distribución interna de los fondos, y la oficina de presupuesto articulará la codificación y ajustes requeridos con la Dirección General de Presupuesto Público, como exige el Decreto Legislativo Nº 1440. Las partidas transferidas no podrán ser utilizadas en fines distintos a los indicados para los juegos, tal como señala el dispositivo divulgado en El Peruano.

La organización de los XX Juegos Bolivarianos en Perú constituye un esfuerzo económico que busca combinar visibilidad internacional y retorno social con potencial de ventas y ocupación en sectores estratégicos. La presentación de la mascota oficial «Chiribaya» (el único avance real del IPD hasta la fecha) apunta también a fortalecer la identidad y el posicionamiento del país como anfitrión en el mercado de eventos deportivos.